La Acción de Oro

13 03 2011

Esta semana no me voy a centrar en la actualidad económica, no sabría por donde empezar. Por lo que prefiero centrarme en un concepto que algunos quizás hayáis oído antes, la “Acción de Oro”.

La Acción de Oro es el as que los gobiernos se han guardado en la manga cuando han privatizado empresas públicas. Mientras la mano derecha vendía, la mano izquierda se guardaba el derecho de poder decidir sobre las cosas importantes de aquello que se acababa de vender. Os pongo un ejemplo tontorrón:

Renault os vende un coche, y cuando decidís cambiarle las llantas, renovar neumáticos o venderlo, viniera Renault y no os dejara hacerlo. ¿Las razones? Ninguna.

El origen de “La Acción de Oro” y de los derechos especiales que ésta tiene se remonta al inicio de 1990 a la vera de la fiebre privatizadora que invadió la Unión Europea. Eran aquellos tiempos en los que gobiernos y empresas públicas tenían que romper lazos y por lo tanto muchas empresas hasta el momento públicas debían privatizarse. Empresas de telefonía, eléctricas, distribuidoras de agua, bancos, tabacaleras… eran vendidas por los gobiernos a aquellos que pudieran o quisieran comprar. Los Gobiernos europeos eran entusiastas a la hora de ingresar las ganancias derivadas de la venta de las grandes compañías de las que eran propietarios, pero se mostraban reacios a ceder su control a los nuevos propietarios privados. Por ello, algunos Gobiernos se reservaron una única acción, que llamaron Acción de Oro. Esta acción otorgaba un poder enorme al gobierno, ya que le permitía derechos exclusivos sobre determinadas operaciones estratégicas como el nombramiento por decreto de buen número de miembros del Consejo de Administración y altos ejecutivos de las empresas, acuerdos de fusión y adquisición o los de asociación con otras empresas.

La mera existencia de la Acción de Oro era una contraposición a la privatización de las empresas. El deseo de vender y cobrar se contraponía con el de mantener el control de las empresas. Esto chocaba con las intenciones de las Directivas de la Unión Europea. Y así lo hizo valer la Comisión Europea en su Comunicación de 1997 en la que defendía la incompatibilidad de la Acción de Oro con el Tratado de Roma y su filosofía del mercado único.

También el Tribunal de Justicia europeo condenó las acciones de oro en las sentencias dictadas en 2002-2005. En ellas siempre concluyó que, salvo excepciones, restricciones impuestas por algunos Gobiernos eran contrarias al derecho comunitario.

En la gran mayoría de casos, el tribunal siempre ha dado la razón a la Comisión Europea y condenado a los Estados miembros a rectificar sus legislaciones nacionales. No obstante, Gobiernos como el portugués o italiano han aducido hasta hace pocos años a un pretendido interés público que intentaron justificar por la naturaleza estratégica de los sectores considerados. Sin embargo, lo que no cuentan al ciudadano, y queda siempre entre bastidores, es el entramado político de poder a cuyos intereses quieren servir los Gobiernos. Lo que se traduce en mantener el poder político de los Gobiernos en los Consejos de Administración de estas empresas privadas. Además existe la resistencia del nacionalismo económico en aceptar que empresas nacionales emblemáticas qua han sido un símbolo de país puedan pasar a manos extranjeras.

Hay dos argumentos jurídicos que podrían eventualmente justificar la intervención del Gobierno para vetar una venta de una empresa estratégica para sus intereses. Primero, el artículo 323 del Tratado que establece que los Estados miembros tienen poder exclusivo para fijar qué debe ser privado y qué público dentro de su propio territorio. Pero cuando ya se ha privatizado una empresa, el gobierno no puede impedir una posterior venta. Segundo, si el Gobierno invoca que la telefonía (por ejemplo) es un bien vital y que ello le da poder o incluso le obliga a intervenir, el Tribunal podría preguntarle por las razones que le llevaron a privatizar la empresa. Incluso podría añadir que, si los riesgos son tan elevados, la renacionalice para así poder hacer lo que considere necesario. Una vez en la esfera del mercado, sin embargo, ha de atenerse a las reglas establecidas para todas las empresas por el Tratado de la UE. O sea, que los gobiernos pueden decidir si privatizan o no, pero no quedarse con ambas. Vender y mantener el control.

En los últimos años los Gobiernos europeos han ido renunciando progresivamente a la Acción de Oro sobre las empresas privatizadas y han optado cada vez más por la legislación ordinaria. Pero esto hay que agradecerlo a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE, que ha declarado ilegales la mayoría de las acciones de oro por considerarlas un obstáculo a la libre circulación de capitales, a las inversiones transfronterizas y al buen funcionamiento del mercado interior.

En el caso de España, las últimas Acciones de Oro expiraron hace relativamente poco, Repsol expiró el 2006, Telefónica el 2007 y Endesa el 2008.

Paralelamente a todos estos movimientos que se han ido dando los últimos 20 años, se ha ido desarrollando un marco reglamentario que permite a los Estados miembros utilizar medios mucho más previsibles y transparentes para asegurarse de que las empresas cumplen con sus obligaciones de interés general.

Porque no nos engañemos, es de interés de todos nosotros que ciertos sectores estén bajo la tutela estatal pero bajo una gestión privada.

Un saludo,

Caixa o Faixa

Anuncios

Acciones

Información

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s




A %d blogueros les gusta esto: