Los Funcionarios

16 04 2011

¿Os habéis preguntado nunca el origen del funcionariado?  ¿Su finalidad inicial? Esta semana, mi colaboradora AIRUN, Licenciada en Ciencias Políticas y Máster en Políticas Sociales nos ha preparado un post que nos aclarará a la mayoría muchas cosas.

Un saludo,

Caixa o Faixa

Seguro que en un momento u otro habéis oído hablar de los informes que encargan las Administraciones Públicas a consultorías privadas para que les preparen informes o estudios. ¿Son estos estudios justificados? Valen el precio que se cobra por ellos?

Hoy más que nunca se habla de la necesidad de reducir y adelgazar la Administración Pública.  

La crisis económica ha vuelto a poner “de moda” y con mayor difusión y fuerza que nunca las demandas de reordenación de la Administración con despidos de funcionarios públicos, recortes salariales, privatización de servicios públicos, etc. 

Y cabe señalar que éste no es un fenómeno estrictamente español sino que otros países de nuestro entorno más próximo están estudiando y algunos implementando medidas similares: casos como los de Irlanda, Inglaterra, Grecia, Italia son claros ejemplos,

No es nada nuevo y a nadie se le escapa, que la Administración Pública padece graves déficits, anomalías y disfuncionalidades. Para entender algunos de estos desajustes tenemos que echar la vista atrás y hacer un poco de historia:

El modelo funcionarial nació con el estado de derecho con el objetivo de crear un cuerpo de profesionales que garantizase y asegurase el cumplimiento de las leyes y de las normativas. De esta manera se pretendió poner límites a la acción de los cargos electos para que éstos no pudiesen hacer y deshacer a su antojo. Así pues, se creó una estructura de profesionales protegidos por la ley y blindados por una serie de privilegios, como el de gozar de un puesto de trabajo garantizado, para que se responsabilizasen del cumplimiento del estado de derecho y estuvieran salvaguardados de los vaivenes políticos.

Con el inicio del estado del bienestar, en Europa a partir del año 1945 y en España mucho más tarde, el gasto público se disparó porque se invirtió una gran cantidad de recursos en equipamientos y servicios. En ese momento el estado asumió principalmente una función de gestor y proveedor de servicios públicos. El gran error fue que la gestión de estos servicios se hizo a partir del cuerpo de funcionarios públicos que no estaba ni preparado ni concebido para este cometido.

Posteriormente, y siguiendo con la referencia histórica, se popularizó el llamado modelo “gerencial” que se inició a finales de la década de los ochenta y que defendía que las Administraciones Públicas debían imitar la gestión de las empresas privadas. En este sentido, se optó por dar más protagonismo a los empresarios/as y se hizo una importante apuesta por el fomento de la contratación externa de servicios públicos.

La justificación del impulso de este modelo se basó, entre otros argumentos, en la voluntad de no malgastar el dinero de la ciudadanía; pero provocó serios problemas como convertir al ciudadano/a en mero cliente o usuario, generar un mayor descrédito y desconsideración del concepto de servicio público y un importante desprestigio para los profesionales de la Administración. 

Parece claro que la función primigenia que tenían que asumir los funcionarios públicos y para lo que se crearon no se ajusta a la realidad actual.

Es incuestionable que algunos de los profesionales de “lo público” cuentan con una gran trayectoria y bagaje profesional y tienen una valía incuestionable pero también es cierto que muchos otros no tienen más mérito que el de haber aprobado unas oposiciones. El hecho que este tipo de funcionarios, las responsabilidades de los cuáles nada tiene que ver con el garantizar el estado de derecho sino la gestión y provisión de servicios, ostenten y mantengan estos privilegios provoca graves desajustes.

El más evidente es la baja productividad y, en algunos casos, la poca experiencia y calificación de algunos funcionarios que provoca que muchas administraciones no puedan desarrollar sus planes o estrategias en el interno de la organización y tengan que recurrir a empresas externas que les ayuden a solventar el problema.

Como conclusión, se desprende que el actual modelo de Administración Pública requiere de una reflexión entorno a la necesidad de una mejor estructuración, profesionalización y motivación de los empleados públicos (construir sistemas de incentivos, etc.) para garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente de las instituciones y que de respuesta a las necesidades, cada vez mayores y más complejas, de la ciudadanía.

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